Guatemala reclama Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral | Social Watch

Representantes de organizaciones campesinas, indígenas, populares y de mujeres se presentaron ante el Congreso de Guatemala exigiendo la aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral así como también al proceso de formulación de la Ley Agraria y creación de los Tribunales Agrarios. Además reclaman que se dote al Organismo Judicial del presupuesto necesario para que este pueda fundar y poner en funcionamiento los tribunales agrarios.

En tanto que la agricultura familiar campesina es genera el 70% de la producción de granos básicos que consumimos los guatemaltecos, y es -la actividad agropecuaria- una importante fuente de empleo ocupando al 38% de la PEA (1.9 millones de personas), del total de familias rurales 1,299,377 dependen de la actividad agropecuaria, cuyo impacto abarca alrededor de 5 millones de personas y contribuyendo en un 18% a la conformación del PIB nacional. Dinamizando –además- el comercio local, regional, nacional e incluso internacional. 

Dentro de la actividad agrícola y pecuaria en el país, la agricultura familiar campesina lleva la peor parte en cuanto atención y servicios del Estado, conceptuándose además de forma errada, pues se interpreta al campesinado como objeto de asistencialismo, obviando el enorme potencial dinamizador de la economía que este tiene en tanto sujeto económico.

Las organizaciones exigen cambiar el paradigma asistencialista que rige la política pública hacia el campo, por otro en donde la Agricultura Familiar Campesina sea el ámbito priorizado, y consecuentemente, este dotada de marcos institucionales adecuados, una política de fomento basada en la agroecología, todo lo anterior complementado por una política agraria equitativa, que promueva el acceso a la tierra a miles de familias rurales. 

Asimismo urgen un cambio en la perspectiva pública hacia la Agricultura Familiar Campesina y en tanto ello es urgente reformar y –crear- en su caso un marco jurídico suficiente para resolver la conflictividad Agraria, regular los derechos y obligaciones de las comunidades indígenas y campesinas. 

Fuente: Coordinación de ONG y Cooperativas, CONGCOOP.

 

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